“Magistrados de la sala Electoral están incurriendo en vicios que pudiesen ser causales de destitución”

“Magistrados de la sala Electoral están incurriendo en vicios que pudiesen ser causales de destitución”

“La sala Electoral es la sala más política del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pues las causas que conoce y que dirime son de naturaleza política. Pero esta sentencia escapa a la naturaleza de la sala misma y al sentido por el cual fue constituida, que es resguardar el derecho al voto y la voluntad popular como elemento fundamental de la democracia”.

De esta manera evaluó el abogado Carlos Guevara la sentencia por la cual Sala Electoral declaró en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional y a los diputados electos por el estado Amazonas y Región Indígena Sur, por haber sido juramentados el pasado 6 de enero en sesión ordinaria del Parlamento pese a que la misma sala había ordenado dejar sin efecto los resultados por los cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) los proclamó el 6 de diciembre.

“Esta sentencia trae algunas circunstancias bastante particulares que en el mundo jurídico han generado cierta inquietud, en el sentido de que la sala Electoral invade competencias de otras salas, y se atribuye para sí competencias que no tiene ya que los dispositivos 4 y 5 de esa sentencia son claramente violatorios al texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)”, dijo el especialista.

“Inclusive, pudiésemos decir que esa es una causal de remoción de esos magistrados, dado que incurren en un error inexcusable de derecho, puesto que la doctrina vinculante de la sala Constitucional ha señalado que le corresponde única y exclusivamente a la sala Constitucional la revisión de los actos que son en ejecución directa de la Constitución y la nulidad de esos actos”, sostuvo.  “El poder Legislativo hace acto de ejecución directa de la Constitución. Es decir, cuando ejerce el poder de representación de la soberanía popular, lo hace en ejecución directa de la Constitución. Uno de esos actos fue la juramentación de estos diputados, la de calificar su condición”, añadió.

Durante la vigencia de la Constitución del 99 se han celebrado cuatro elecciones parlamentarias y solamente en una ocasión, en el caso del diputado del estado Trujillo en el año 2000, el diputado Malaquías Gil, hoy magistrado de la sala Electoral, se produjo un cambio o modificación en la proclamación originalmente hecha, dado que él interpuso un recurso y fue el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que  revocó esa proclamación, en virtud de haber hecho una evaluación desde el punto de vista técnico, pero como un acto conclusivo del recurso interpuesto, no como una acto cautelar, recordó Guevara.

“Desafortunadamente la sala Electoral, en esta ocasión, se olvidó de todo lo que ha sido su doctrina pacífica, lo que ha sido su jurisprudencia reiterada, y ha dictado esta sentencia que pudiese calificarse de inejecutable (la n° 260 del 30 de diciembre de 2015), y otras que calificaríamos de un exabrupto jurídico (la n°1 del  11 de enero de 2016)”.

“Desde el punto de vista técnico la sala Electoral no le puede ordenar a la AN actos futuros o que se abstenga de realizar actos en el futuro. Eso viola lo que en derecho llamamos la teoría del órgano. Es decir, cuando dentro de un órgano de representación colegiada participa un número determinado de personas, y uno o varios de sus miembros, que no alcancen la mayoría, incurren en causas que los pudiesen inhabilitar, eso no vicia la globalidad de los actos del órgano”.

“La Asamblea tiene 167 integrantes, si tres de esos integrantes están cuestionados no significa que viole la totalidad de los actos que ha dictado la Asamblea. Entonces, allí hay un error inexcusable de derecho. El otro error inexcusable de derecho es el de atribuirse competencias que no tiene y, además de ser inejecutable, desafortunadamente, este recurso fue interpuesto en condiciones muy particulares”.

Indígenas sin representación

El artículo 186 de la Constitución dice que todos los diputados representan a la nación y que en cada región se deben elegir al menos tres diputados. Es decir, todo el territorio tiene que tener una representación popular. “Esta sentencia, desafortunadamente, dice que los habitantes del estado Amazonas no deben tenerla, así sea de manera temporal. Pero hay un hecho aún más delicado: en el caso del diputado indígena por la Región Sur la elección se realizó en una jurisdicción especial conformada por dos entidades federales diferentes: Amazona y Apure. Hasta este momento los votos emitidos en Apure para elegir al diputado indígena no han sido cuestionados, es decir la elección allí es un hecho indubitable y, por lo tanto, su condición de diputado indígena no está cuestionada en esa jurisdicción. Sin embargo, esos electores quedaron sin representación en el Parlamento. Este es otro error que omite la sentencia”, precisó el abogado.

“Estos vicios de esa sentencia, incluso, califican como faltas graves que pudiesen ser imputadas a estos magistrados y pudiesen ser removidos de sus cargos”, opinó.

“Cuando se dicta una sentencia ante un justiciable que ha invocado la jurisdicción, el juez, al momento de dictar la sentencia, debe ponderar los interese en conflicto, ya sean individuales o colectivos. Entonces está el interés de un recurrente que tiene unas argumentaciones técnicas, de que en teoría hubo unos hechos que viciaron el acto, y el interés colectivo que es el derecho a la representación popular. Por esa razón, el criterio de ponderación de los intereses colectivos frente a los derechos particulares entra en una dificultad de evaluación”.

Imprecisiones de la causa

El acto electoral como acto administrativo es lo que los abogados llaman un acto complejo: en su conjunto es un solo acto, pero a su vez está compuesto de diversos actos administrativos individualmente considerados: la postulación, el acto de votación, el acto de totalización y el acto de proclamación. “En esta querella no se especifica qué es lo que se anula. La técnica electoral que ha venido perfilando la jurisprudencia de la sala Electoral es que se debe individualizar el acta, identificar el acta, señalar los vicios que adolece el acta, probar los vicios y adminicularlos en el supuesto de hecho que está previsto en la norma”, sostiene.

“La norma electoral – desde el 212 hasta el 221 – establece cuáles son los vicios en los cuales se puede impugnar un acta: inconsistencia numérica, elección fuera de la convocatoria, indebida constitución de la mesa, entre otros. Pero también dice que una vez que han sido determinados los vicios, se deben señalar la incidencia de esos vicios en el resultado general porque el principio general del acto electoral y el principio general del derecho electoral es el de tutelar el derecho al sufragio como un conjunto”.

“Es decir, la ponderación es que se debe resguardar el acto electoral, por esa razón es que no se revoca la proclamación a un candidato. Aquí hubo una sentencia bastante famosa de un alcalde del estado Zulia a quien la sala Electoral le revocó su proclamación y ordenó que se encargara otra persona distinta a la que había sido electa. La sala Constitucional, revisando la sentencia, declaró que había error inexcusable y esos magistrados fueron destituidos. Así que estos magistrados están incurriendo en vicios que pudiesen ser causales de su destitución”.

Indicios de los excesos de la sala Electoral

Primero: abren despacho durante las vacaciones judiciales, que estaban señaladas en la resolución de la Dirección ejecutiva de la magistratura. De hecho, abrió el despacho para todos y hay algunos recursos de otros justiciables que están interpuestos en esa sala, a los cuales les corrieron los lapsos. Es decir, les está causando unos daños irreparables a esos justiciables porque los lapsos les corrieron, ese es un hecho no común que casi rayaría en lo irregular.

Segundo: reciben un recurso contencioso electoral en la mañana, y lo decide en la tarde. A los abogados nos enseñan que uno no debe incluir en un acto procedimientos que se excluyan entre sí. El amparo cautelar es excluyente de la medida de suspensión de efectos, por lo tanto la sala debió haberle dicho al recurrente que eso no se podía hacer. Sin embargo, se decidió por el amparo cautelar. Esta figura posee una circunstancia y es que debe ser notificada a la parte afectada. Porque es una sentencia inaudita, que no ha sido oída por la parte. Al momento de ser juramentados los diputados no podían incurrir en desacato de una sentencia que desconocían.

“Aquí se está alegando fraude y el fraude tiene una naturaleza dolosa, y el dolo hay que probarlo. La intencionalidad de causar un daño a la fe pública como lo es el acto de votación debe probarse, pero no se pueden extraer pruebas de actos ilegales. El fin último de un recurso contencioso cautelar es repetir las elecciones. Pero no todas, solo aquellas donde la comisión de delitos se pueda probar. La determinación de fraude masivo no se ha hecho nunca en nuestro país. No existe ese elemento con la legislación actual de que esto sea procedente”, concluyó.

17/1/2016 11:20am