Unidad Venezuela
20 marzo 2020 | Prensa AN

Solórzano y Prado denuncian que régimen aplica terrorismo de estado contra la disidencia política durante cuarentena social

La diputada Delsa Solórzano denunció que el régimen de Nicolás Maduro, aprovecha la cuarentena social para perseguir a la disidencia y amedrentar a trabajadores de la salud que denuncian la emergencia hospitalaria compleja que dificultad afrontar la pandemia del virus COVID-19 en el país.  

 “El régimen aprovecha la cuarentena social para perseguir a la disidencia y amedrentar a las personas que se atreven alzar su voz y a su vez, alertar que en el marco de la crisis humanitaria sin precedentes que existe en el país, “se incrementa el riesgo de nuestra vida y salud, porque Venezuela no cuenta con los insumos médicos necesario para atender casos de coranavirus”, fustigó la parlamentaria.

Exigió medidas humanitarias urgentes de libertad inmediata a los más de 300 prisioneros civiles y militares por motivos políticos ante la pandemia del virus COVID-19 que afecta “altamente a Venezuela” y afirmó que “temen por la vida de los presos de conciencia”.

Denunció que los diputados Juan Requesens, Gilbert Caro, Renzo Prieto, Tony Geara; el Director de Despacho de la Presidencia, Roberto Marrero y el tío del presidente Juan Guaidó, Juan Márquez junto a  los presos políticos de Ramo Verde presentan serios problemas de salud, que pueden agravarse con la llegada del COVID-19, debido a que no cuentan con asistencia médica.

Solórzano indicó que tienen conocimiento a través de los medios de comunicación social, que cuatro funcionarios de Sebin adscritos en el Helicoide, dieron positivo con coronavirus “y que está situación evidentemente, ponen en altísimo riesgo los presos políticos que están recluidos en ese recinto”.

"No tenemos acceso directo a presos del Helicoide, hay información de los propios funcionarios, hay por lo menos dos prisioneros que pudieran tener síntomas de coronavirus, necesitan pruebas de despistaje”, reveló.

Responsabilizó a Nicolás Maduro de la grave crisis hospitalaria y humanitaria y por ende, el sistema de salud público nacional, se le ha  dificultado  afrontar la pandemia del virus COVID-19 en el país.  

Por otra parte, reiteró que las sanciones económicas en contra de funcionarios de la cúpula del régimen de Maduro, no afectan al sector salud y “aseguró que no permitirán que se le siga mintiendo a Venezuela, porque no existe ninguna sanción que imponga alguna restricción para la compra de insumos médicos”. 


Terrorismo de Estado

De igual forma, Humberto Prado, Comisionado Presidencial para los DDHH, exigió la liberación de todos los presos políticos sin excepción y denunció que los prisioneros políticos y comunes pueden padecer enfermedades infectocontagiosas, en calabozos policiales.

“Más de 170 personas que murieron, 80 % fue por situaciones de salud, en las cárceles de 79 personas que fallecieron 69 fue por el tema salud", puntualizó.

Fustigó el decreto emitido por el Poder Ejecutivo de la usurpación el pasado 13 de marzo,  viola estándares internacionales y  la Ley Orgánica de Estados de Excepción y la Constitución, argumentando que hay prerrogativas para las personas y limita trabajo de los medios de comunicación social en el territorio nacional.

En consecuencia, denunció que el régimen, arbitrariamente realiza detenciones a trabajadores de la salud sin orden judicial por denunciar la inexistencia de insumos médicos en los hospitales, y a quienes los trasladan a las sedes policiales como ocurrió en los estados Monagas y Táchira.

Prado agradeció el “mensaje de aliento” transmitido a todos los defensores de DDHH, realizado por el Relator especial para defensores, Michel Forst, quien se encarga de velar por la labor de aquellas personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

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